La Revolución Conservadora en la universidad española.

Dentro de dos días se cumplirá el plazo de seis meses que el ministro de Educación, J. I. Wert, otorgó a la Comisión de Expertos para la reforma del Sistema Universitario Español para que emitiesen su juicio sobre la gobernanza, el proceso de selección y acreditación del profesorado y los estudiantes, y la economía y las finanzas de las universidades. Que rápido pasa el tiempo. Y como yo creo en el refrán que dice “quien paga al flautista, elige la melodía” –y ojala me equivoque en esta ocasión-, me sorprende que los cualificados expertos hayan agotado la totalidad del plazo previsto, pues desde el día antes de su primera reunión el Ministro marcó las líneas generales de sus futuras conclusiones, cuando expuso la críticas que tenía para el sistema universitario español, que son las siguientes:

1º Consideraba que existe una desproporción entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos.

2º Aseguró que en España la oferta universitaria es excesiva y dispersa, comparando las 79 universidades españolas, con las diez que aseguró que están establecidas en California.

3º Se lamentó por la ausencia de universidades españolas en los rankings internacionales de calidad.

4º Afirmó que tenemos el doble de abandono universitario que la media europea, es decir, que un 30% de los alumnos no acaban la titulación que comienzan, lo que, según sus datos, supone “tirar” 2.960 millones de €.

5º Se quejó por la falta de movilidad e internacionalización del mundo universitario español.

6º Mostró su frustración por el hecho de que la tasa de desempleo entre los universitarios de 25 a 29 años sea del 21%, y del 12% entre los titulados universitarios.

Finalmente, la presidenta de la comisión de expertos, Teresa Miras, añadió una séptima crítica cuando aseguró que “uno tiene que ser muy racional y no puede tener licenciaturas con un número muy reducido de alumnos”, por lo que “hay que racionalizar muy finamente las ofertas de titulaciones”.

Ahora no tiene mérito decir que los rendimientos son buenos, pues según los datos de la OCDE un 79% de los universitarios españoles obtiene su diploma en la “edad típica” de obtenerlos, frente al 70% que promedian los países miembros de la organización; que en California tienen 146 universidades, y que el problema en España no es la dispersión y el exceso de oferta, sino la falta de especialización, derivada del pobre ratio de habitantes por universidad (582.000, frente a los 94.000 de EE. UU.); que en esos famosos rankings mundiales de universidades entran las instituciones que están en países que invierten en I+D+i, como mínimo, casi el doble que España (cuyo gobierno no hace más que recortar esa partida), y que no tienen más de 20.000 alumnos, que es el tamaño medio español (dato que sirve para contestar a la señora Miras); que la tasa de abandono de los estudios universitarios es en realidad del 12%, y que en ningún caso suponen una pérdida de casi 3.000 millones, cifra sacada de datos erróneos y carente de objetividad; que los estudiantes e investigadores españoles difícilmente se pueden mover e internacionalizar si su gobierno no hace más que pauperizar las becas y ayudas a esa cuestión, con cuestionamiento sobre el programa Erasmus incluido; y para acabar, que siendo frustrante el paro entre los universitarios y los titulados, no debemos olvidar que supone la mitad que el existente entre la población en general, que es del 50 y del 24% respectivamente.

Y decir todo esto no tiene mérito porque ya lo dijeron José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros dos días después de que el Ministro hiciese todas esas afirmaciones. Y lo hicieron como una crítica constructiva, pensando que al señor Ministro “No le han facilitado los datos adecuadamente”. Seis meses después, y con ninguna rectificación por su parte, se puede afirmar con toda rotundidad que José Ignacio Wert mintió conscientemente con el objetivo de desprestigiar a la universidad española. Y que un ministro desprestigie uno de los mayores valores de su negociado solo puede tener una motivación: el propósito de implementar una revolución acorde a su ideología en el tema tratado. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo del Gobierno de España, con su ministro de Educación como ariete, es llevar a cabo una revolución conservadora en la universidad española.

Dicha revolución se basaría fundamentalmente en dos puntos: primero, en un mayor número de cortes eliminadores de alumnado (partiendo desde las reválidas que se quieren reimplantar desde la educación primaria), enmarcados en esa visión escalonada que tienen de la educación, y segundo, en una fuerte entrada del capital privado en la vida universitaria española, en varios sentidos, entre los que destacan la promoción de la universidad privada frente a la paralela degradación de la pública, y la entrada de los intereses y el capital privado en la determinación de las enseñanzas impartidas. Y por si las mentiras del Ministro no suponen suficiente prueba, poseemos dos datos más. En primer lugar, la sangrante subida de las tasas universitarias, con el paralelo y continuado recorte en las becas, de más del 11% en 2012, y del 3´77% para el 2013, lo que supone la conformación de un alumnado dividido en dos castas –como ya he mencionado en otro artículo-, los que están presionados por su situación socioeconómica, y los que no, con un claro perjuicio para los primeros, lo cual atenta contra la igualdad en la educación. El segundo lugar, el anuncio, mas o menos velado, de que en dos años el sistema universitario evolucione del 4+1 (cuatro años de grado y uno de especialización) actual, al 3+2 imperante en la mayoría de Europa. Obviemos que esto contradice la doctrina del Ministerio de Educación, que todavía aparece en su página web, de que establecer un sistema intermedio entre el europeo y los del resto del mundo supone una gran ventaja para España. Mencionemos que con el sistema de 3+2 se podrían aplicar con mayor facilidad en los títulos universitarios unos criterios panorámicos en las enseñanzas de grado, para entrar en una más profunda, y más práctica, especialización en el postgrado, todo ello con la necesaria flexibilidad que cada título necesite. Sin embargo, esto no es lo que le interesa al Ministro, ni al gobierno en el que participa, ni a sus sustentadores mediáticos, económicos e ideológicos. Todos ellos ven solo dos cosas en esta reforma. Primero, el establecimiento de más cortes en la carrera educativa del alumnado, muy consecuente con su visión de la educación como una carrera de obstáculos, en la cual los válidos son solo los que llegan intactos al final, y muy alejada de los criterios progresivos, integradores y de formación continua que debiesen imperar en un sistema educativo moderno, pues aprovechan mejor el potencial de un mayor número de personas. Y segundo, ven la solución, al menos temporal, al problema de financiación universitaria, pues se cambia un año de grado (dos si lo comparamos con las antiguas licenciaturas) por uno de postgrado, cuyo coste para el estudiante es, en el mejor de los casos, del doble, lo que incidirá aun más en la elitización económica de la universidad.

En conclusión, el Gobierno de España, apoyado en las mentiras de su ministro de Educación, pretende llevar a cabo una revolución conservadora en la universidad española, que tendrán como consecuencias su elitización y su abandono en manos de los intereses privados. ¿Se lo vamos a permitir?

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