Un plan de choque

En un post anterior ya mencionamos la necesidad de implementar un plan de choque, en el caso de que la sociedad se negase a asumir más recortes con el objetivo de desminuir el déficit y la deuda. Veamos que se podría hacer, llegados a ese punto, viajando a un futuro hipotético, un futuro con referéndum, en el cual venza la opción del NO a los recortes. Sobra decir que seguro que la pregunta sería tendenciosa, y que el gobierno del PP no implementaría ningún plan de choque, para que la situación se agravase e inocular el miedo en las venas de los votantes. Pese a todo, supongamos que gana el NO. Lo primero, sería tranquilizar a la población. El caos no camparía a sus anchas, y para ilustrarlo tenemos el maravilloso ejemplo de Islandia.

Sin embargo, ya seríamos unos morosos confesos ante los ojos de todo el mundo. Al día siguiente aumentaría la presión sobre nuestra economía, con unos intereses de la deuda desbocados hasta cotas insospechadas. Por supuesto, como ya no seríamos de fiar, se cancelarían tanto el rescate bancario, como el rescate estatal aún en ciernes. Sin esa liquidez, nuestros bancos y cajas se quedarían como el emperador de Hans Christian Andersen, desnudos ante su ficticia y paupérrima realidad –llevan años declarando beneficios, cuando saben perfectamente que están en pérdidas-, y muchos de ellos quebrarían, pues el Estado no tendría dinero suficiente para salvarles. Cuando pase eso rápidamente oiremos ¡Corralito! ¡Sálvese quien pueda!, y estaremos ante el Apocalipsis perfecto en forma de jugada del Monopoly.

Pero, ¿para qué dejar que cunda la anarquía más perversa si podemos nacionalizar a las entidades quebradas para salvaguardar sus depósitos? Y observemos bien que digo quebradas, y que también digo depósitos, porque lo que se ha hecho hasta ahora ha sido salvar el modelo de negocio financiero, sin importar la situación de la economía real. El Estado no debe salvar a los accionistas de esas entidades –mala suerte amigos, no haber apostado su dinero-, ni sustentar sus operaciones financieras especulativas –la generación de beneficios monetarios no crea riqueza-. Debe salvaguardar los depósitos de los ahorradores, y fomentar el crédito de las empresas y los autónomos que generan riqueza y puestos de trabajo, además de utilizar sus activos inmobiliarios para que todo el mundo tuviese acceso a una vivienda digna. Debe ser, en definitiva, una banca pública que fomente la creación de riqueza real entre la sociedad. Y aprovechando la existencia de esa banca pública, no estaría de más sacar adelante una Ley Glass-Steagal, que separase la banca de depósitos de la banca de inversión, para evitar en el futuro que se especule con los ahorros de las personas sin su conocimiento.

Muy bien, el Estado ha salvado los ahorros de su población, y con ello el consumo interno, y ha mantenido la paz social, pero seguimos siendo, como país, unos morosos internacionalmente conocidos. ¿Hay algún problema en ello? Yo no solo no veo problema alguno, sino que estaría muy orgulloso de ello. Pagar si, pero solo lo que se debe en justicia. Y para saberlo, se debe realizar una auditoría de la deuda externa con el objetivo de determinar que porcentaje de ella es odiosa, es decir, contraída contra los intereses de la población de un país, y con el completo conocimiento del acreedor, siguiendo a Jeff King, para inmediatamente cancelar esa deuda perjudicial para el país. Rafael Correa lo hizo en Ecuador, un Estado sin moneda propia, y no le salió mal la jugada.

Seguramente, tras esa quita de la deuda, seguiremos debiendo dinero. ¿Que hacer para pagarlo? Pues algo muy sencillo, escuchar a los magníficos técnicos que tiene el Ministerio de Hacienda, representados por su sindicato, Gestha. Implementando aquellas medidas, de entre las que proponen, que dependen enteramente del gobierno español (impuesto sobre la riqueza, subida al 35% del impuesto de sociedades para aquellas que ganen más de 1 millón de € y reducción en 10 puntos de la economía sumergida), junto con el mantenimiento de la subida del IRPF, pero sin tocar el IVA, el gobierno obtendría 60.010 millones de €, 7.680 más de lo que se espera ahorrar con el recortazo conocido desde julio, una diferencia que serviría para paliar casi el 80% del recorte en sanidad y educación, y que demuestra que los recortes no son inevitables.

Pero no me voy a quedar ahí. Pensando en ese 24% del PIB que supone la economía sumergida y la evasión fiscal, es decir, unos 245.000 millones de €, y aumentando, no creo que sea positivo amnistiar a sus responsables. Fue una medida injusta, inmoral y que sentaba un mal precedente entre la población. Por el contrario, si se potencia la lucha contra esos actos delictivos, hasta multiplicar por 3 las previsiones de Gestha (lo cual saldría relativamente barato, pues multiplicar por 4 el presupuesto de la Agencia Tributaria solo costaría a las arcas públicas unos 3.000 millones de €), el Estado obtendría unos 77.000 millones de € extra, lo que sumado a la eliminación de las anacrónicas Diputaciones Provinciales, y a todo lo anterior, provocaría que el Gobierno de España tuviese en sus arcas 156.010 millones de € disponibles, aproximadamente, una cifra más que honrosa con la que podría hacer frente al compromiso de lidiar  con una deuda pública de 800.000 millones de €, el 75´9% del PIB, y con el 16% de la deuda externa que es pública, unos 282.000 millones de €. Mejor dicho, con la parte que sea legítima de esa deuda. Y además he dicho pública, y solo pública, porque esa es otra cosa que hay que cambiar. Ya valió de socializar las perdidas y las deudas, mientras se privatizan los beneficios.

Esta es mi propuesta.

¿Queremos un referéndum sobre los recortes? Vamos a por él. ¿Necesitamos un plan de choque para el día siguiente? Si, y aquí le tenemos.

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